Funcionarios de Extranjería en Málaga denuncian sobrecarga laboral y piden mejoras urgentes

La situación del personal en las Oficinas de Extranjería en Málaga es insostenible. Los funcionarios, representados por el sindicato UGT, denuncian una sobrecarga de trabajo desmedida y reclaman mejoras laborales ante un escenario que consideran muy grave.

Reclaman una carga laboral inasumible y condiciones precarias

El sindicato UGT en Málaga ha alzado la voz ante la difícil situación que enfrentan los trabajadores de las Oficinas de Extranjería. Según Antonio González, secretario de Política Sindical de UGT Servicios Públicos Málaga, los funcionarios están sometidos a una gran presión diaria, enfrentando una acumulación masiva de expedientes que no pueden gestionar con la plantilla actual. "Nos encontramos con un personal frustrado, teniendo que asumir tareas de mayor categoría sin la compensación adecuada", señaló González en una entrevista reciente.

Además de esta carga laboral, los funcionarios de Extranjería son responsables de tramitar expedientes que afectan derechos fundamentales, como la libre circulación y el derecho al trabajo de personas extranjeras, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad. Estas oficinas son claves en el sistema económico actual, ya que, gracias a sus gestiones, se generan altas en la Seguridad Social de trabajadores extranjeros, uno de los motores económicos del país.

Diferencias salariales y falta de incentivos

UGT denuncia una discriminación retributiva entre los funcionarios de las Oficinas de Extranjería y otros organismos de la Administración General del Estado (AGE). Mientras que otros trabajadores de la AGE, como los del SEPE o la Seguridad Social, reciben bonificaciones adicionales y productividades significativas, los empleados de extranjería, a pesar de generar ingresos importantes a través de las tasas, no ven reflejados estos beneficios en sus nóminas. Según datos del sindicato, en 2023 la Oficina de Extranjería de Málaga recaudó cerca de 1,5 millones de euros, pero solo 50.000 euros se destinaron a productividad para todos sus empleados, lo que obliga a establecer un sistema rotatorio de compensación que solo cubre un trimestre al año por trabajador.

Inminente crisis ante la llegada de nuevas normativas

A la situación ya crítica se suma la expectativa de una regularización masiva de extranjeros y la aprobación de un nuevo reglamento de extranjería. Ante esto, los trabajadores anticipan un colapso en la gestión de expedientes si no se implementan mejoras urgentes. El sindicato UGT exige una dotación económica adecuada, así como la equiparación salarial con otros organismos. También solicitan la creación de nuevos puestos de trabajo y la renovación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), para garantizar una plantilla que pueda hacer frente a la creciente carga de trabajo.

Amenaza de huelga y movilizaciones

Si la situación no mejora, los funcionarios de Extranjería no descartan movilizaciones y paros laborales. "Estamos llegando al límite", advierten desde UGT. Los trabajadores exigen que sus retribuciones sean ajustadas de acuerdo a la carga real de trabajo y piden una transparencia en los criterios de productividad, que consideran obsoletos y poco claros.

Las principales reivindicaciones de UGT

Entre las demandas más destacadas de los funcionarios de extranjería se encuentran:

• Equiparación salarial con otros organismos de la AGE, lo que podría suponer entre 4.000€ y 8.000€ anuales adicionales.
• Actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), incluyendo la creación de puestos intermedios como jefes de sección.
• Reconocimiento de un nivel superior para los funcionarios que realizan tareas de mayor responsabilidad, como la resolución de expedientes.
• Un plan de choque con una retribución mínima de 14 euros por expediente tramitado.
• La eliminación de la obligatoriedad de realizar jornadas de tarde adicionales cuando ya se trabaja en horario de especial dedicación.

La falta de respuesta por parte de la Administración está llevando a un desgaste y desmotivación que, según UGT, provoca la pérdida de talento cualificado en cada nuevo concurso público. Ante la previsión de una mayor carga de trabajo con las próximas normativas, los funcionarios exigen una solución inmediata.